Según la acusación, las joyerías se extienden por gran parte de las capitales de provincia españolas bajo el nombre Joyeros Siglo XXI, donde comercializan tanto en la tienda física como a través de internet “artículos de joyería a precios de ganga”
El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha admitido a trámite una querella penal y ha ordenado una investigación por un presunto delito de publicidad engañosa y otro de estafa contra una grupo de joyerías que opera a nivel nacional. La querella ha sido enviada al juzgado por parte de la asociación Consujoya contra estas joyerías repartidas por todo el país.
El magistrado José Luis Rodríguez Laínz ha admitido la querella impuesta por la Asociación Consujoya que, desde Córdoba, representa a gran parte de los pequeños y medianos joyeros del país. Según consta tanto en el auto del juez como en la querella, la investigación se dirige contra dos sociedades, una de ellas domiciliada en Torrelavega (Cantabria). Según la acusación, las joyerías se extienden por gran parte de las capitales de provincia españolas bajo el nombre Joyerías Siglo XXI, donde comercializan tanto en la tienda física como a través de internet “artículos de joyería a precios de ganga”. Estos objetos son “etiquetados con dos precios diferentes: un primer precio que aparece tachado con un valor desorbitado y, justo debajo, el precio actual de venta, reducido muy considerablemente a modo de gran oferta puntual y de corta duración”, expone la demanda.
Los joyeros de Consujoya aseguran que la rebaja no es tal, ya que el precio al “60 o el 70%” que señala esta entidad es “de igual modo muy elevado para las características de las piezas y muy por encima del valor de mercado”, teniendo en cuenta que no son marcas las que se venden. Así, entienden que se trata de una publicidad “engañosa” ya que a los clientes “se les hace creer” que en caso de no comprar “perderán su oportunidad” cuando “el valor del producto sigue siendo muy elevado frente a otros de similares características en el mercado”, exponen desde Consujoya,
Además, desde Consujoya consideran una presunta estafa que “en los escaparates de las tiendas físicas aparecen identificadas piezas que se catalogan como fabricadas como oro de ley” sin que se distingan las que son de 18 kilates o las de nueve kilates. «Con esta estrategia se estando vendiendo piezas que no tienen las características publicitadas y todo ello haciendo pagar precios desorbitados incluso en la creencia de ser de oro de ley sin serlo”, añade la asociación.
Investigación en curso
El juzgado ordenó el inicio de las oportunas diligencias el pasado mes de enero. En coordinación con la Fiscalía Provincial se está llevando a cabo la correspondiente investigación. El magistrado considera, tras la querella, los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto supuesto/s delito/s de publicidad engañosa”, por lo que ha decidido citar en calidad de investigada a la mercantil propietaria de todas estas tiendas.
Tal y como apunta el medio Cordopolis, la entidad demandada niega los hechos y ha asegurado desconocer el contenido de la querella. Además, su departamento jurídico ha asegurado que “la empresa cumple con todas las exigencias legales en materia de información y transparencia para con el consumidor, con estrictos protocolos que se implementan en todos los establecimientos comerciales para garantizar sus derechos”.
La entidad sostiene que la demanda se basa en “hechos totalmente falsos, porque todos los productos de la empresa se publicitan cumpliendo todos los requisitos legales exigibles”, que enumera. “Todos nuestros artículos, disponen de una etiqueta que identifica el producto con un código de barras y en la que se detalla las especificaciones del producto; por ejemplo el material (oro o plata) y la calidad del mismo (375 mlm o 750 mlm). Etiqueta que se encuentra en todos los artículos; el que se muestra en el escaparate, el que se encuentra en las vitrinas o en el que finalmente adquiere el comprador”, agregan.
