El Proceso de Kimberley (KP) concluyó su Plenaria anual en Dubái con una mezcla de progresos relevantes y un visible estancamiento político. Aunque la presidencia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) había definido 2025 como el “Año de las Buenas Prácticas”, la reunión final volvió a poner de manifiesto las tensiones más profundas del esquema: polarización, vetos cruzados y un proceso de toma de decisiones que requiere unanimidad y que, una vez más, dejó sin resolver algunos de los cambios más esperados por el sector.
Del 17 al 21 de noviembre, la Dubai Diamond Week acogió a delegaciones gubernamentales, representantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil. El encuentro dejó algunos hitos históricos, como la entrada de Uzbekistán al KP, elevando así a 60 el número de participantes, y la readmisión de la República Centroafricana (RCA) tras más de una década de veto. De esta forma, la Plenaria aprobó levantar el embargo que impedía al país exportar diamantes en bruto desde hace más de una década. La decisión se percibe como una victoria diplomática para Ahmed Bin Sulayem, presidente del KP y CEO de DMCC, quien visitó la RCA este año para impulsar su reintegración ante una mejora en la situación de seguridad.
También se celebró el primer prototipo de certificación digital basada en blockchain cuando EAU presentó el proof-of-concept para sustituir los certificados en papel por documentos digitales inalterables. El objetivo es reforzar la trazabilidad y limitar las falsificaciones en la cadena de suministro. Se trata de uno de los mayores pasos hacia la modernización del KP en dos décadas.
Sin embargo, también se evidenció la incapacidad del sistema para modernizar aspectos clave, entre ellos la ampliación de la definición de “diamantes de conflicto”.
Y es que, pese a los avances, el tema central de la Plenaria terminó en un nuevo punto muerto. La industria, representada por el World Diamond Council (WDC), había logrado el apoyo de numerosos gobiernos africanos para ampliar la definición del KP e incluir violaciones de derechos humanos cometidas por actores no estatales.
La definición actual —vigente desde 2003— solo incluye diamantes utilizados por “movimientos rebeldes contra gobiernos legítimos”. La propuesta ampliada incluía violencia ejercida por milicias, grupos criminales, mercenarios y otros actores irregulares, así como la protección explícita de comunidades mineras.
Sin embargo, la propuesta se estancó abruptamente. Países como la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia, Suiza y Ucrania votaron en contra al considerar que la definición debía incluir también a “actores estatales”. Para muchos observadores, esta exigencia tenía un trasfondo: abordar el papel de Rusia en el conflicto de Ucrania.
En este contexto, la African Diamond Producers Association (ADPA) defendió que la propuesta original evitaba violar la soberanía nacional y acusó a los opositores de bloquear una reforma urgente; “volvemos a una definición estrecha de diamantes de conflicto que ya no se ajusta a la realidad de hoy”, declaró su directora, Ellah Muchemwa.
En definitiva, la Plenaria de 2024 en Dubái deja un mensaje claro: el comercio de diamantes necesita urgentemente un sistema más ágil, más inclusivo y alineado con las realidades contemporáneas de la minería y los derechos humanos.
Mientras la industria avanza hacia la trazabilidad, la transparencia y las nuevas tecnologías, el KP parece atrapado en tensiones geopolíticas que amenazan su credibilidad.
Sin consenso para elegir presidente en 2026
La Plenaria concluyó sin lograr otro de sus objetivos fundamentales: designar la presidencia del KP para 2026.
Ghana fue aprobada como vicepresidente —y por tanto será presidente en 2027—, pero la silla de 2026 quedó vacante. Qatar había retirado su candidatura, Zimbabue desistió en el último minuto, e India nunca llegó a presentarse oficialmente. Emiratos Árabes Unidos se ofreció nuevamente, pero Sudáfrica lo vetó, argumentando que el sistema se basa en la rotación.
El KP se dio dos semanas adicionales para intentar resolver el bloqueo.