Francia y Botsuana han firmado la Declaración de París sobre los Diamantes Naturales, un acuerdo institucional que busca reforzar el reconocimiento y la promoción de estas gemas, así como establecer criterios terminológicos más claros para distinguirlas de las piedras creadas en laboratorio.
El documento se rubricó el 10 de noviembre de 2026, durante el Foro de la Paz de París, por Nicolas Forissier, ministro delegado francés de Comercio Exterior y Atractivo Económico, y Bogolo Joy Kenewendo, ministra de Minerales y Energía de Botsuana. La firma coincide con el 60.º aniversario de la independencia de Botsuana y de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Uno de los aspectos centrales de la declaración es el compromiso de utilizar una terminología precisa y coherente que contribuya a reforzar la confianza del consumidor. En concreto, el texto establece que el término “diamante” debe referirse específicamente a una piedra natural. La iniciativa supone un respaldo político a una de las principales reivindicaciones de los productores de diamantes naturales: diferenciar con mayor claridad las gemas extraídas de la tierra de aquellas fabricadas mediante procesos tecnológicos.
La denominación de los diamantes creados en laboratorio se ha convertido en uno de los principales puntos de debate de la industria. Botsuana, cuya economía mantiene una estrecha vinculación con la extracción y comercialización de diamantes naturales, defiende que estas piedras no deberían compartir la misma denominación comercial que las gemas extraídas de yacimientos. El presidente del país, Duma Boko, ya había expresado esta posición en su discurso sobre el estado de la nación del 9 de noviembre. “Hemos defendido que no deben llamarse diamantes“, señaló al anunciar el acuerdo con Francia.
La postura también cuenta con el respaldo de The Diamond Collective, organización anteriormente conocida como Natural Diamond Council. Su consejera delegada, Amber Pepper, celebró la declaración y destacó que el valor del diamante natural trasciende su belleza, al contribuir al sostenimiento de comunidades y economías de los países productores. Pepper subrayó asimismo la conexión entre estas gemas y la tradición joyera francesa, donde la rareza de las piedras se combina con generaciones de artesanía, diseño y experiencia.
La iniciativa se enmarca en un debate internacional sobre la terminología comercial. En septiembre de 2026, la Confederación Mundial de Joyería (CIBJO) respaldó en sus Blue Books el uso del término “sintético” para describir los diamantes creados artificialmente. Esta recomendación ha generado oposición entre representantes de la industria del diamante de laboratorio. El Diamond Producers Council, una coalición de fabricantes de estas gemas, considera que la denominación “sintético” es sesgada y defiende mantener expresiones como lab-grown diamond o lab-created diamond.
Por tanto, la declaración franco-botsuanesa representa un respaldo institucional a una de las posiciones en este debate, aunque no establece por sí misma una normativa internacional ni modifica automáticamente la legislación de otros mercados.
La defensa del diamante natural tiene una dimensión económica especialmente relevante para Botsuana. Según los datos difundidos por The Diamond Collective, la industria mundial del diamante natural sostiene los medios de vida de aproximadamente diez millones de personas. La organización señala, además, que alrededor del 80% del valor de un diamante permanece en su país de origen, contribuyendo a financiar infraestructuras, sanidad y educación.
En el caso de Botsuana, el sector diamantífero representó en 2023 aproximadamente el 25% del producto interior bruto y el 80% de las exportaciones nacionales. Estas cifras explican la importancia estratégica que el Gobierno concede a la defensa del mercado de las piedras naturales.
Un grupo de trabajo para supervisar su aplicación
Esta declaración no se limita a una posición sobre la nomenclatura. Francia y Botsuana también han manifestado su intención de constituir un grupo de trabajo conjunto con representantes de los gobiernos firmantes y del sector privado. Este órgano tendrá como cometido supervisar la aplicación de los compromisos recogidos en el documento y publicar informes anuales de seguimiento a partir de 2027. Los dos países también prevén desarrollar campañas conjuntas de información y sensibilización dirigidas al público.
Entre los principios recogidos en el acuerdo figuran el reconocimiento de la contribución económica de los diamantes naturales a los países productores, la importancia de garantizar un abastecimiento responsable, transparente y fiable, y la protección de los derechos laborales, las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad de los empleados, así como el respeto a las comunidades locales. El texto también respalda los mecanismos existentes de trazabilidad y control, entre ellos el Proceso de Kimberley.