Estas sesiones se celebrarán en tres salas conectadas entre sí, en las que estarán los 97 acusados.
Desde este martes se celebrará el juicio contra las 97 personas y 45 sociedades como responsables civiles subsidiarias acusadas en la operación Fénix, tras supuestamente defraudar más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería.
Estas sesiones se celebrarán en tres salas conectadas entre sí, en las que estarán los 97 acusados, precisando que en la última fase antes de la celebración del juicio eran 98 procesados, pero uno de ellos ha fallecido. Se prevé citar a unos 60 testigos y peritos.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a 97 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, P.J.R.G., y su hijo P.J.R.F., que se enfrentan a sendas penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide el fiscal son de dos años de prisión para siete acusados.
Al respecto, el Ministerio Público pide para los dos citados procesados penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos. Hasta ahora, desde las detenciones, las personas han estado en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cuando fueran requeridos.
Caso Fénix
Esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectara numerosas irregularidades.
Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona –que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas– dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.
La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.
La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta –IVA–, como por los beneficios en la imposición directa –IRPF o Impuesto de Sociedades–.
La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.
