Esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades.
El caso Fénix pasará por el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba el próximo 15 de octubre; un juicio contras las cien personas y 45 sociedades como responsables civiles subsidiarias acusadas en esta operación tras supuestamente defraudar más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería.
Así lo ha comunicado este el lunes el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula, en la presentación de la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, año 2018, en relación con la provincia. En concreto, el caso lo enjuiciará un Juzgado de lo Penal, dado que la pena máxima solicitada individualmente por delito no supera los cinco años de cárcel.
Esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona -que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.
La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a cien personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, P.J.R.G., y su hijo P.J.R.F., que se enfrentan a sendas penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide el fiscal son de dos años de prisión para siete acusados.
En este sentido, las cuantías más altas de fianza que ha reclamado el juez alcanzan los 25 millones de euros para una de las empresas y 236.000 euros de la más baja, mientras que el montante final requerido a los encausados asciende a 109.858.627 euros.
