Los vendedores aseguraban que las joyas de cuarzo dorado eran de oro de 24 quilates extraído en Alaska, sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el cuarzo contenía una aleación de baja pureza, con solo la mitad de oro en su composición
El fiscal general de Alaska, Treg R. Taylor, ha interpuesto una demanda contra la joyería Soni Jewelers, conocida también como Colors Fine Jewelers, y a su propietaria, Sunita «Soni» Lakhwani, acusándolos de engañar a los clientes sobre la autenticidad del oro en sus productos.
La denuncia, presentada el 23 de mayo ante el Tribunal Superior de Alaska, señala que los vendedores de las tiendas Soni y Colors en Ketchikan aseguraban a los compradores que las joyas de cuarzo dorado eran de oro de 24 quilates extraído en Alaska y que tenían un valor de «miles de dólares la onza». Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el cuarzo contenía una aleación de baja pureza, con solo la mitad de oro en su composición.
Además, los fiscales afirmaron que los vendedores indicaban a investigadores encubiertos que las pepitas de oro en venta eran de 24 quilates y provenían de Alaska. No obstante, las pruebas demostraron que las pepitas eran en realidad imitaciones de oro de 14 quilates moldeadas para parecerse a pepitas naturales.
En un momento crucial de la investigación, Lakhwani reconoció ante el Departamento de Justicia que el cuarzo no era originario de Alaska y que desconocía el lugar de fabricación de las joyas, según se menciona en la denuncia.
Asimismo, en una solicitud estatal también presentada el 23 de mayo, se asegura que un vendedor le dijo a un investigador encubierto que su «piedra se extrae en el Yukón, la cortamos y fabricamos localmente, no en Los Ángeles, ni en China, ni en Hong Kong».
Lakhwani y su empresa enfrentan cargos por violar la Ley estatal de Prácticas Comerciales Desleales. La petición solicita que, hasta que se celebre una audiencia sobre el caso, se prohíba a las tiendas hacer afirmaciones falsas sobre sus productos de oro, y en caso de dar cualquier afirmación sobre los artículos debe estar verificada y respaldada con documentación por el Estado.
