Una elección que obliga a los colectivos profesionales, como los joyeros, a comunicar cualquier movimiento o indicio potencialmente sospechoso.
Así lo ha anunciado el medio ABC. Joyeros, regentes de establecimientos de loterías, responsables de casinos, bancos, aseguradoras, todo tipo de instituciones financieras, empresas postales, promotores inmobiliarios, auditores, notarios, registradores… El Gobierno recurre a la ley contra el blanqueo para garantizar que se cumplen las rigurosas medidas sancionadoras impuestas por la Comisión Europea a Rusia y para ello contará con una tupida red de informantes.
El esquema punitivo ideado por Bruselas para atacar el bolsillo de las élites rusas, y que básicamente les impide realizar casi cualquier movimiento de dinero o de activos en dirección a su país de origen, deja a los países miembros la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones.
El Gobierno español también entra en juego y ha decidido enmarcar el asunto en dos de las normas más severas del ordenamiento jurídico doméstico: la ley orgánica de Represión del Contrabando y la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.
Esta elección va a permitir activar un potente circuito de información para conocer cualquier movimiento sospechoso, ya que obliga a los colectivos profesionales antes mencionados, como los joyeros, y a otra docena de perfiles profesionales, que la norma califica como especialmente expuestos a operaciones de blanqueo de capitales, a informar a la Secretaría General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, o al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) a comunicar cualquier movimiento o indicio potencialmente sospechoso.
El soporte jurídico dispuesto por el Gobierno obliga, de forma explícita, a este amplio abanico de colectivos a examinar «con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude» y castiga con sanciones que oscilan entre 60.000 y 150.000 euros la omisión de información, en función de la gravedad de la misma.
-Foto de portada: ABC / Miguel Muñiz-
